Mostraremos alternativas de política económica al Gobierno que permitan recuperar el crecimiento y la vuelta a la creación de empleo. Nuevo modelo productivo, modernización del Estado del Bienestar ,reforma del Estado de las Autonomías, Reforma educativa y Reforma fiscal se requieren para el gran objetivo de REGENERAR ESPAÑA
TRAS EL DEBATE EN EL QUE NADIE HABLÓ DE UNA ESPAÑA EN DEFAULT
Cuando España entre en default antes del otoño de 2017, deberá recibir grandes paquetes de ayuda para evitar la quiebra del Sistema Bancario europeo.
La solidaridad alemana y francesa será muy interesadaya que el BCE, La U.M.E. y los Bancos de Reino Unido, Francia, Inglaterra y EEUU, han concedido a España básicamente los siguientes créditos:
Alemania: 217.900 millones de euros APROXIMADOS
Francia : 164.000 ” “ "
Inglaterra : 141.700 ” “ "
EEUU : 186.400 ” “ "
Resto de zona euro y BCE: 337.000 millones de euros.
Hacen un total de UN BILLÓN de euros largos es decir nuestro PIB falseado, a devolver en un plazo medio aproximado de unos diez años.
ES SENCILLAMENTE IMPOSIBLE SALIR DE ESTA SITUACION BIEN LIBRADOS. SOLO FALTABAN EL BREXIT Y el Bund alemán hoy en tipos negativos
Como decía no hace mucho, nos quedaremos helados cuando el PRÓXIMO Gobierno no pueda seguir ocultando oficialmente la situación de INSOLVENCIA DE ESPAÑA, SUS BANCOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DEL IBEX 35 Y MERCADO CONTINUO, tras aceptar implícitamente que el agujero negro financiero de la Banca ronda los 400.000 millones de euros.
EL PROBLEMA ESPAÑOL ES DEMASIADO GRANDE PARA EVITAR EL DEFAULT.
La lógica racional es que España entre directamente en default, pues a los Bancos españoles y a sus Comunidades Autónomas les resulta no sólo difícil, sino completamente imposible hacer frente a las devoluciones de crédito a corto, medio y largo plazo.
El agujero negro financiero, que tras lo saneado hasta ahora, asciende todavía a una cifra del orden de cuatrocientos mil millones de euros, hace imposible que nuestros BANCOS continúen siendo españoles, salvo que tras SALIR DEL EURO, NACIONALICEMOS al Santander, BBVA y La caixa..
Tal y como está montado el tinglado, España solo contará con sí misma si sale del euro y el Fondo Monetario Internacional y acreedores europeos para abordar su futuro
LOS FONDOS PARA SALIR DEL DEFAULT Y LA DEUDA PÚBLICA ESPAÑOLA.
El próximo gobierno no tendrá otra que reconocer la situación de imposibilidad de pago de la Deuda, con toda la Banca al borde de la quiebra.
El Fondo Monetario Internacional tendrá que preparar un paquete de ayudas de unos 800.000 millones de euros a España, que irían a cubrir el agujero financiero de la Banca y atender parte de la Deuda con el BCE, Bancos alemanes, franceses, ingleses y americanos, para evitar una crisis financiera europea primero y mundial después de consecuencias impredecibles.
El agujero negro financiero BANCARIO español deberá ser capitalizado por el Estado Español que forma parte del gigantesco paquete de Deuda Total Española por valor de 3,6 billones de euros ( 3.600.000.000.000 DE EUROS ), que particulares, empresas, Bancos y Cajas, Administración Central Española, Comunidades Autónomas, Empresas Públicas, Diputaciones, Cabildos y Ayuntamientos han endilgado al resto del mundo, por la política monetaria laxa del Banco Central Europeo y la Reserva Federal Norteamericana, con la connivencia especial del Gobierno de España y de los Gobiernos francés y alemán.
UN HORIZONTE INFERNAL
A los españoles no se les puede continuar engañando tras DOCE AÑOS de mentiras de todo tipo por parte de Zapatero, y el Gobierno EN FUNCIONES.
Con incrementos de impuestos absurdos, reducciones de Gasto que no incluyen a las autonomías, eliminación de Televisiones Autonómicas , embajadas, cierre de 4000 empresas públicas, y chorradas mil de nuestros despilfarradores políticos, que hay que hacerlo también, no se resuelve el problema real que tiene España, que consiste en atender los servicios de una Deuda de 1,5 billones de euros, con tipos de interés de algo más del 2% y con un Sistema Fiscal que no puede pagar estos intereses de la Deuda más la prestación que haya que dar a cinco millones de parados, muchos ellos de larga duración.
¿QUÉ TENDRÁ QUE HACER ESPAÑA Y EL PUEBLO ESPAÑOL PARA SALIR DE ÉSTA?
No sólo debe preocuparnos la Deuda Soberana de España, que seguirá creciendo, tras la ayuda recibida, sino el resto hasta los 3,7 billones de Deuda total, incluida la Soberana, que deben todos los actores económicos españoles. Reino Unido ,EEUU y Japón muestran problemas cualitativos similares, mostrando deudas de particulares y empresas muy superiores a los de la Deuda soberana respectiva, con relación a los PIB de cada uno de los países.
Pero no podemos compararnos con ellos, pues disponen de la capacidad de utilizar políticas monetarias que pueden ser eficaces.
LA QUITA DEL 50% DE DEUDA SOBERANA
La única solución para que los problemas fueran más llevaderos para España es conseguir una Quita del 50% de su Deuda Soberana Real, tras los préstamos recibidos para cubrir el agujero financiero bancario, y no dejar en mora a la Banca alemana, francesa, inglesa y americana.
La cifra sobre la que habrá que hacer la quita del 50% será sobre un billón cuatrocientos cincuenta mil millones de euros, 1,45 billones de euros , más los Déficits de 2016 que ascenderán a otros 50.000 millones de euros adicionales, o sea, 1,50 billones, lo que implica una QUITA de 750.000 MILLONES DE EUROS.
No está mal para el gobierno que salga, si sale, de las elecciones de 26 de Junio
LA SALIDA DEL EURO
Tras conseguir una quita de ese importe España continuará teniendo una Deuda bruta con el mundo de 3 billones de euros, de los cuales 750.000 millones de euros serán de Deuda soberana, algo más del 60% de PIB comprometido con Europa para 2020 .
¿Qué posibilidades reales existen dentro del euro para que la economía crezca, se cree empleo y aumentemos nuestras exportaciones para tener unas balanzas por cuenta corriente y comercial positivas del orden de 40.000 millones anuales?. La experiencia del resto de los PIIGS muestra que ninguna. Por lo tanto no hay otra que salir del euro e intentar conseguir vía devaluación la competitividad que hoy día nos hace falta.
¿Bastarán 20 años para salir de esta situación endiablada, o necesitaremos cincuenta años para salir de esta crisis?.Esta es la situación de España, un país sin Gobierno digno de tal nombre que se echó una manta a la cabeza para desconocer lo que pasaba y no afrontar sus obligaciones.
Saludos
Angel Gimeno Marín
Profesor, Economista, Ingeniero Industrial, miembro de Greenpeace
Plusieurs affaires viennent de secouer les médias. Si elles sont différentes dans leur détail elles posent toutes la question du droit à l’information et, au-delà du « respect », tant celui qui est dû aux journalistes, une profession qui subit de par le monde des agressions multiples et souvent meurtrières, que celui qui est dû par ces mêmes journalistes à leurs lecteurs, ou leurs auditeurs, ou leurs spectateurs. Car, pout pouvoir exiger – et souvent à juste titre – d’être respectés, les journalistes doivent être respectables. Que certains d’entre eux ne le soient plus est une évidence. C’est elle qui nourrit la prolifération de la « presse » sur internet, domaine ou le meilleur côtoie souvent le pire. Et, si cette prolifération assure un certain pluralisme, elle conduit aussi parfois à une cacophonie où le lecteur à bien du mal à se faire une idée de la fiabilité des sources. C’est ce qui alimente tant les « théories du complot » que la dénonciation, parfois pas si innocente que cela, du « complotisme ». Et de fait, il faut reconnaître que même les paranoïaques peuvent avoir des ennemis…
Trois affaires
Reprenons donc sur trois affaires qui ont défrayées la chronique récemment. La première est le licenciement par l’Obs (ex-Nouvel Observateur) d’Aude Ancelin, une journaliste connue qui cumulait, pour certains des actionnaires de ce journal, le tort d‘avoir écrit des articles empreint de sympathie pour le mouvement « Nuit Debout » et d‘être la compagne de l’un de ses animateurs, Fréderic Lordon[1]. Le scandale ici vient des motifs invoqués pour ce licenciement. On a prétendu qu’elle aurait écrit des articles « anti-démocratiques » et cela sans apporter le moindre commencement de preuve dans une accusation d’une telle gravité[2]. Il s’agit clairement d’une pratique du journalisme de la part des actionnaires de cet hebdomadaire (dont M. Bergé) qui relève du plus pur gangstérisme.
La deuxième affaire concerne l’émission de France-2 Des Paroles et Des Actes où était invité Jean-Luc Mélenchon jeudi 26 mai[3]. On sait que dans cette émission François Lenglet, membre de la rédaction du JT de France-2 prononça des propos calomniateurs sur le président dans le seul but de mettre l’invité en difficulté. Cette affaire s’est retournée contre le sieur Lenglet, l’obligeant, ainsi que France-2, à publier une rétractation honteuse[4]. Mais ce ne fut pas le seul scandale dans cette émission. Deux personnes avaient été choisies pour interpeler Jean-Luc Mélenchon, un boulanger à la mode, fournisseur de l’Elysée et certes pas représentatif des artisans avec ses 17 employés, et une jeune femme, Mme Cécile Imart-Bruno que l’on présentait comme un cadre ayant fait le choix d’un « retour à la terre » et qui s’est avérée être un ancien responsable financier de Bolloré au Chili, membre de la FNSEA (en dépit de ses dénégations, elle a été nommé par décret[5] au Conseil national de la transition écologique, au titre de la FNSEA[6]) et copinant avec des dirigeants socialistes, dont le Ministre de l’agriculture M. Le Foll. Si le choix de ces personnes relève de l’arbitraire de toute émission de télévision, le fait pour France-2 de ne pas les avoir présentés pour ce qu’ils étaient constitue un autre mensonge, et de fait confirme le fait que l’on avait voulu monter un traquenard à Jean-Luc Mélenchon. Ceci, venant en plus de l’affaire Lenglet déjà évoquée, condamne l’organisateur de cette émission, David Pujadas, et lui retire toute légitimité à se poser en journaliste impartial. Au delà, cette multiplication d‘incidents graves interpelle la direction de France-2 sur son éthique.
La troisième affaire est bien entendu la grève du syndicat du livre CGT lors de la journée d’action du mardi 24 mai, grève qui a frappé les journaux ayant refusé de passer la tribune de Martinez, le « patron » de la CGT. Ceci a provoqué un bel élan d’unanimisme de la part des éditorialistes pour dénoncer ce qu’ils appellent des « pressions inacceptables » et une atteinte à la liberté d‘opinion de la part de la CGT.
Démocratie et pluralisme
Il faut considérer en réalité ces trois affaires comme liées. Car, si l’on veut pouvoir prétendre que l’action de la CGT a bien été une atteinte à la liberté d‘opinion il faut démontrer que cette liberté existait bien au préalable. Or, c’est le contraire que montrent les deux autres affaires. Et l’on en revient au problème évoqué en introduction : si les journalistes veulent être respectés, ils doivent être respectables. Le fait de chercher à imposer une opinion unique à la presse est une attitude inacceptable. Mais, tel n’était pas la demande de la CGT qui souhaitait simplement qu’une règle de pluralisme d’opinions soit respectée.
Et c’est bien le non-respect de cette simple règle dans les principaux journaux qui aujourd’hui pose problème. Ce qui menace aujourd’hui la démocratie dans notre pays n’est donc pas tant l’action de la CGT, quoi que l’on puisse penser de cette dernière mais le comportement hostile au pluralisme de la majorité des responsables de la presse, qu’elle soit écrite ou audio-visuelle. Non qu’un journaliste n’ait pas à avoir ses propres opinions, ni qu’un journal n’ait pas à avoir de ligne éditoriale. L’existence de positions politiques sur différents sujets est parfaitement légitime. Elle est même nécessaire. Mais, ces positions ne devraient pas interférer avec l’impératif du pluralisme. Les journalistes devraient avoir à cœur de toujours distinguer clairement ce qui relève de leurs opinions, qu’elles soient personnelles ou collectives de la présentation de l’ensemble des opinions sur un sujet donné. Ce comportement s’impose d‘autant plus que les différents sondages montrent qu’une majorité de l’opinion est hostile en tout ou partie à la loi El Khomri.
Le non-respect de cette règle de comportement pose aujourd’hui un problème majeur dans la société française. Ce non-respect ne date pas du mouvement actuel contre la loi El Khomri. On avait pu déjà noter ce phénomène lors du débat qui avait accompagné le référendum de 2005 où près de 90% des éditorialistes, mais aussi des papiers et opinions publiés allaient dans le sens du « oui », alors qu’en définitive ce fut le « non » qui l’emporta[7]. Du 1er janvier au 31 mars 2005, le rapport entre les temps de parole donnait, pour l’ensemble des émissions (soit les journaux télévisés, les émissions politiques et les émissions de divertissement), 71 % aux partisans du « oui » contre 29 % aux partisans du « non ». Pour les seuls journaux télévisés, le « oui » bénéficiait de 73 % du temps contre 27 % pour le « non »[8].
Et l’on retrouve cette configuration de manière récurrente dès que l’on aborde les questions européennes. Le pluralisme affiché par les différents organes de presse disparait alors et laisse la place à un quasi-unanimisme. Or, ceci ne correspond nullement à la palette des opinions dans la société française. Il convient donc de s’interroger sur ce journalisme « hors sol » ou quelques dizaines d‘éditorialistes et de journalistes considèrent non seulement qu’ils ont raison contre l’ensemble de la société (ce qui pourrait se concevoir) mais que leur position leur donne le droit de supprimer ou de discréditer – comme on l’a vu avec Jean-Luc Mélenchon dans DPDA – tout ce qui ne correspond pas à leur opinion.
Ces journalistes semblent donc se considérer comme les dépositaires d‘une « rente » dont ils usent et abusent à leur guise, ce que l’on avait déjà constaté en 2005[9]. Que ce type de comportement engendre alors une légitime colère chez ceux dont les opinions sont privées de ce droit à l’expression est alors pleinement compréhensible.
Les rentiers d’un système
On dira que, compte tenu de la structure de la propriété des organes de presse, tout ceci est logique. En effet, 6 hommes détiennent une large part des médias français.
Tableau-1
Arnault, Bernard
Bolloré, Vincent
Bouygues, Martin
Dassault Serge
Drahi Patrick
Lagardère Arnaud
Journaux
Le Parisien
Les Echos
Le Figaro
Libération
L’Express
Le Point
Médias audio-visuels
Canal+
I-Télé
Direct 8
TF1
LCI
Eurosport
BFM-TV
RMC
Mais, si cette concentration de la propriété a son importance, elle est loin de tout expliquer. Si au sein des journalistes la compréhension que la défense de leurs opinions doit nécessairement s’accompagner d’une défense réelle du pluralisme et du respect de l’opinion d’autrui était mieux ancrée, gageons que les grands magnats de la presse seraient bien forcés de s’en accommoder. La concentration de la propriété ne peut aujourd’hui prendre l’importance politique qui est la sienne que parce qu’au sein de la « communauté » des journalistes et des éditorialistes s’est développée l’idée que la fonction confère à qui l’occupe un droit absolu de tenter de diriger les consciences.
Il faut donc bien comprendre la relation dialectique qu’il y a entre les bases matérielles de la production journalistique (les structures de propriété) et l’idéologie particulière développée par une partie des journalistes. Il faut aussi en mesurer les conséquences. Ce comportement de « rentier » qui est le leur, et qui trouve donc sa source tant dans cette structure de propriété que dans la représentation particulière du « rôle » du journaliste s’apparentant au curé d’antan (le « directeur de conscience ») induit désormais une méfiance généralisée à l’égard des sources traditionnelles d’information. Cette méfiance à provoqué le développement de sources alternatives, certaines de bonne qualité, d‘autres de qualité plus que médiocre. On peut toujours fulminer des anathèmes contre les sources de mauvaise qualité. La vérité est que le discrédit qui touche les sources traditionnelles est aujourd’hui tel que le développement de sources alternatives est inévitable et qu’il faut même souhaiter que de nouvelles sources puissent se développer avec le niveau de professionnalisme suffisant afin de faire concurrence aux sources traditionnelles qui ont failli.
Une trahison des clercs
Ce n’est pas la première fois que l’on constate ce phénomène en France. Avant la seconde guerre mondiale Julien Benda avait écrit un livre remarquable sur ce qu’il appelait la « trahisons des clercs »[10]. Il écrivait, dans la seconde préface à l’édition de 1947 de cet ouvrage : « Tout esprit libre reconnaîtra que l’idéal politique inscrit dans la Déclaration des Droits de l’Homme ou la Déclaration américaine de 1776 présente éminemment un idéal de clerc. Il est d’ailleurs indéniable que la démocratie, précisément par son octroi de la liberté individuelle, implique un élément de désordre. Quand dans un Etat, dit Montesquieu, vous ne percevez le bruit d’aucun conflit, vous pouvez être sûr que la liberté n’y est pas. »
Cet « élément de désordre » est la liberté elle-même. Il peut déranger des habitudes et des routines, et en cela provoquer des réactions négatives. Mais sans cet élément de désordre, que ce dernier prenne la forme de grèves ou de blocages divers, c’est à la liberté elle-même qu’il nous faudrait renoncer. Voilà donc ce qu’il convient de rappeler à cette communauté des journalistes si prompt à s’enflammer pour sa propre défense et si oublieuse des principes au nom desquels elle prétend agir.
Julien Benda déplorait l’abandon par les intellectuels eux-mêmes de leur fonction critique. Il en déduisait l’entrée dans un âge d’organisation intellectuelle des haines politiques. Or c’est bien ce que nous avons vu à l’œuvre a travers ces trois affaires. Benda attribuait au « culte du succès » la trahison des intellectuels de son temps. Ce culte du succès n’est pas moindre aujourd’hui. Il ajoutait alors : « Nous ne demandons pas au chrétien de ne point violer la loi chrétienne, nous lui demandons, s’il la viole, de savoir qu’il la viole« . C’est la même chose qu’il convient de demander aux journalistes. Non pas qu’ils ne fassent plus de politique mais qu’ils respectent ceux qui ne pensent pas comme eux. Faute de quoi nous pourrons considérer qu’ils ne sont que les chiens de garde du système.
La 'des-Gràcia' de la aburrida Ada Colau: A veces la labor de columnista es muy desagradable. Escribir sobre personajes como Ada Colau o cualquiera de sus acólitos en el ayuntamiento provoca no solo un malestar neuronal sino incluso, a veces, incontinencias con una muy complicada gestión. Súmenle, además, mi última columna, donde ya hablamos de la señora alcaldesa. Sobre sus viajes, aficiones al lujo incluidas, escribíamos que serían un futuro agujero en el ayuntamiento. En pocos días, por desgracia para aquellos barceloneses por nacimiento o afición, hemos visto no será el único.
Colau pide 'prudencia a los Mossos', propone a las 'asociaciones de vecinos que medien en el conflicto de Gràcia', y permite que Asens pida explicaciones a los cuerpos de seguridad
Ahora con la violencia en el barrio de Gràcia hemos topado. Podríamos alargarnos horas y horas sobre los motivos, las consecuencias, los culpables o los inocentes. Al final, sería otro análisis más. Quizás, más o menos interesante, ...
'Diminishing Returns', el preocupante informe bursátil de moda
Los próximos 20 años se van a caracterizar por el bajo retorno de muchos activos financieros. Armarse de paciencia a la espera de oportunidades parece la mejor estrategia
Se trata, sin lugar a dudas, del documento de moda.
Lo ha escrito el McKinsey Global Institute en colaboración con las prácticas de estrategia y ‘corporate finance’ de la consultora.
‘Diminishing Returns: Why Investors May Need to Lower Their Expectations’, o ‘retornos menguantes o por qué los inversores deberían ajustar sus expectativas [de rentabilidad]’, analiza el rendimiento pasado, presente y futuro de los mercados de acciones y bonos y llega a muy interesantes conclusiones, a saber:
Que el periodo comprendido entre 1985 y 2014 ha sido excepcionalmente bueno para ambos activos financieros, con resultados muy superiores a la media de los 100 últimos años. Tres décadas únicas gracias a la caída de la inflación y los tipos de interés, el fuerte crecimiento mundial, las ganancias en productividad derivadas de la tecnificación y la globalización, la aparición de nuevas bolsas de demanda y el positivo impacto de todos estos factores sobre los resultados corporativos.
Que, sin embargo, todas esas tendencias globales parecen a día de hoy agotadas y que nos esperan 20 años por delante de retornos muy por debajo no solo de lo sucedido en el periodo antes citado sino de lo acontecido en el último siglo, tanto en un escenario pesimista como en otro un tanto más positivo sobre la evolución de la economía global y de los márgenes empresariales del mundo desarrollado, afectados estos últimos por la aparición de nuevos entrantes, la mayor competencia de los fabricantes emergentes y los problemas de la hiperregulación. Sufrirá especialmente la renta fija.
Que esa realidad tendrá importantes consecuencias, sobre todo para el ahorro a largo plazo. Sufrirán no solo los sistemas públicos de pensiones sino también los privados, un tema sobre el que venimos escribiendo de manera reciente. Para mantener la prestación, los ahora cotizantes o impositores deberán trabajar más años, aumentar su tasa de ahorro, o consumir menos, todo ello con importantes consecuencias para el futuro económico de su país de residencia. No hay que olvidar el impacto que el envejecimiento poblacional tiene sobre la capacidad de un Estado para innovar, arriesgar y comprar.
Que sectores enteros como el de la gestión de fondos tendrán que replantearse su estrategia, toda vez que bajos rendimientos equivalen a menores comisiones e ingresos y, por tanto, mayor necesidad de o bien ajustar costes vía consolidación, o bien moverse hacia productos más baratos en su concepción, distribución y manejo, o bien apostar por los activos alternativos (más rentables pero más ilíquidos), caso del capital riesgo, los fondos de infraestructuras o los ‘hedge funds’. A este perro flaco, todo le son pulgas últimamente.
El informe en su conjunto es muy interesante y merece una lectura detallada. Aquí nos hemos limitado a extractar lo esencial de su contenido.
Lo verdaderamente relevante es que pone negro sobre blanco algo de lo que algunos venimos advirtiendo desde hace tiempo. Vamos a un entorno en el que la paciencia a la hora de invertir es más importante que nunca. Mucho flujo y, paradójicamente, cada vez menos liquidez son el escenario perfecto para que surjan oportunidades históricas que hay que aprovechar. Denle las gracias a los bancos centrales.
No se precipiten, pues, mantengan la caña lista y dispónganse a hacer del pánico y la euforia de los demás su momento para construir una cartera que les dé tranquilidad el día de mañana.
Keiser Report en español: Corrupción y mercado inmobiliario (E913): En este episodio de Keiser Report, Max y Stacy comentan el interés de todo el mundo en la lucha contra la corrupción ya que la gente se ha quedado impactada al enterarse de que en el Reino Unido se blanquea dinero, y eso parece ser motivo de enfado. En la segunda parte, Max entrevista al profesor Steve Keen, con el que conversará sobre los planes de Donald Trump en cuanto al impago de lKeiser Report en español: Corrupción y mercado inmobiliario (E913)
Publicado: 12 may 2016 15:49 GMT | Última actualización: 12 may 2016 16:28 GMT
En este episodio de Keiser Report, Max y Stacy comentan el interés de todo el mundo en la lucha contra la corrupción ya que la gente se ha quedado impactada al enterarse de que en el Reino Unido se blanquea dinero, y eso parece ser motivo de enfado. En la segunda parte, Max entrevista al profesor Steve Keen, con el que conversará sobre los planes de Donald Trump en cuanto al impago de la deuda de Estados Unidos.
"Hoy, en la ciudad de Londres, David Cameron preside una… una cumbre contra la corrupción. Da la impresión de que la gente se ha quedado impactada al enterarse de que en el Reino Unido se blanquea dinero, y eso parece ser motivo de enfado. Están impresionados a pesar de saber que hay gente que compra viviendas de 20, 40 o 50 millones de libras en efectivo", empieza Max.
La idea de Trump de hacer lo que debería hacerse con la deuda privada pero aplicado a la deuda pública acabaría con la esencia del mercado de deuda internaciona
"Estos días se está hablando mucho de luchar contra la corrupción; lo que no se dice es que, si se acabara con la corrupción, el mercado inmobiliario se hundiría, porque los dos están íntimamente relacionados", continua Stacy.
Y ambos a su vez tienen que ver con la gran burbuja de deuda "que hay por todo el mundo y que debe seguir creciendo, porque de lo contrario se sembraría el caos en los mercados, un caos al que los banqueros centrales solo saben reaccionar arrojando dinero por todas partes con la esperanza de que así se arregle el problema", explica Stacy.
En la segunda parte del programa les espera una conversación con profesor Steve Keen, que imparte clases en la Universidad Kingston de Londres. También es autor de 'La economía desacreditada', que ya se ha convertido en todo un clásico. Discuten sobre la propuesta de Donald Trump de incumplir la deuda pública estadounidense.
Keen enfatiza, "que los políticos se den cuenta de que no hay tanta deuda pública como deuda privada, y que si queremos volver a tener una economía que funcione, esa deuda hay que cancelarla. La idea de Trump de hacer lo que debería hacerse con la deuda privada pero aplicado a la deuda pública acabaría con la esencia del mercado a deuda de Estados Unidos.
¿Chau eurozona? Los 'cinco sabios' proponen a Merkel un mecanismo para salir del euro: El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, un grupo de economistas independientes conocidos en el país como los 'cinco sabios', plantean establecer un sistema para que los países de la eurozona puedan abandonarla en casomecanismo para salir del euro
Según los economistas, la mayoría de los países de la UE no admitirían limitaciones de soberanía, además, entre los ciudadanos de los países más ricos existe preocupación por la posibilidad de que la zona euro se convierta en una "unión de transferencia", lo que obligaría a los países más desarrollados económicamente a ir en ayuda de los más débiles. Estas son las razones que los privaría de la motivación de introducir las reformas propuestas por el Ejecutivo francés.El grupo de asesores económicos del Gobierno alemán también está en contra de las ideas propuestas por los políticos franceses, apoyadas por el ministro alemán de Finanzas, Wolfgang Schäuble , de reforzar la unión política de la zona euro con la creación de un seguro de desempleo europeo o un gobierno económico.De acuerdo con las 'lecciones', un proceso de insolvencia obligaría a los acreedores a soportar pérdidas, en los casos extremos, cuando los Estados de la eurozona se declaran en quiebra. Los 'cinco sabios' consideran que la salida de la zona euro es una medida que debería ser aplicada por las autoridades de la Unión Europea, si se trata de una situación semejante a la crisis griega.Los asesores de Merkel han presentado un estudio, bajo el título 'Lecciones de la crisis griega para una eurozona estable', en el que señalan que la crisis griega reveló los fallos estructurales de la eurozona y proponen medidas para reanimar la unión monetaria.El Consejo Asesor de Economistas del Gobierno alemán, un grupo de economistas independientes conocidos en el país como los 'cinco sabios', plantean establecer un sistema para que los países de la eurozona puedan abandonarla en caso de insolvenciade insolvencia.
Estos porcentajes de rentabilidad aparecen recogidos en el borrador de orden ministerial con los nuevos estándares de las renovables remitido por Industria a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Tras pasar por el regulador, los documentos sobre este nuevo marco retributivo de las renovables deberán aprobarse por el Gobierno y publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El borrador y la documentación remitida al regulador incluyen un cuerpo de más de 1.500 páginas, dedicado en buena parte a detallar cada uno de los nuevos estándares a los que se acogerán las instalaciones en función de sus características.
El objetivo del nuevo marco es establecer regímenes retributivos que permitan “cubrir los costes necesarios para competir en el mercado en nivel de igualdad con el resto de tecnologías” y obtener una rentabilidad razonable que girará, antes de impuestos, en ese 7,5%.
Al anunciar la reforma energética, que tendrá aplicación desde julio de 2013, el Gobierno había cifrado en unos 1.750 millones de euros el recorte al anteriormente conocido como régimen especial. En el documento remitido ahora, Industria recordó que las primas al régimen especial ascendieron a 50.000 millones de euros entre 1998 y 2013, y que aumentaron en un 800% entre 2005 y 2013, año en el que las primas sumaron unos 9.000 millones de euros.
En total, la nueva orden ministerial fija 1.631 estándares retributivos para las instalaciones. Hay 806 instalaciones tipo para la cogeneración, 576 para la fotovoltaica, 23 para la eólica o 18 para la termosolar, en los que se cruzan variables como la potencia, el posible combustible, la tecnología, las modificaciones sufridas o el año de autorización de explotación.
Además, se recogen unas vidas útiles de las instalaciones que oscilan entre los 20 y los 30 años. La cogeneración quedará dentro de los 20 años, la fotovoltaica en los 30 años y la termosolar en los 25 años.
Aparte de la rentabilidad razonable recogida, la nueva orden recoge un incremento anual de la retribución percibida del 1% hasta el final de la vida útil de la planta.
La nueva orden también recoge unas estimaciones del precio de la electricidad de 49 euros por megavatio hora (MWh) para 2014 y de 50 euros para 2015. Sobre estas referencias, y con unos máximos y mínimos de precios, se fija la rentabilidad razonable de cada periodo regulatorio de seis años, con revisiones cada tres.
Para el cálculo de la retribución de las plantas se tuvieron en cuenta los ingresos estándar por la venta de la energía valorada al precio del mercado, los costes estándar de explotación necesarios para realizar la actividad y el valor estándar de la inversión inicial, todo ello para una empresa “eficiente y bien gestionada”.
Hasta ahora, sólo se sabía que estas instalaciones dejarían de cobrar primas, unos incentivos públicos por la energía que producen, para recibir una retribución que garantice una rentabilidad “razonable” en el entorno del 7,5 % (bono a diez años más 300 puntos básicos) a lo largo de toda su vida útil. A la espera de conocer estos parámetros, las renovables siguieron recibiendo una retribución provisional que ahora tendrán que ajustar.
Estos cambios en el marco retributivo del régimen especial forman parte de la reforma eléctrica emprendida por el Gobierno en julio del año pasado para intentar acabar con el déficit de tarifa, desfase generado entre los ingresos y los costes del sistema y que supera los 26.000 millones de euros.
Ejemplos de impacto sobre las tecnologías tras el recorte
Industria realiza describe algunos ejemplos del impacto que tendrá el cambio de la retribución para las diferentes tecnologías. En el caso de la eólica, va de la pérdida de prima para las plantas anteriores a 2004 hasta incluso una mejora del 2,1%, pasando por otro recorte prototípico del 6,9%.
En la termosolar se describen casos entre los que se aprecia un recorte del 5,7%, mientras que en los distintos escenarios para fotovoltaica hay un caso con recortes del 7,1% y otros incluso con mejoras retributivas, de hasta el 9%.
En casos más concretos, una instalación eólica de 25 megavatios (MW) de potencia instalada con autorización en 2012 y una producción media anual de 2.100 horas pasará de recibir 2,125 millones de euros en primas, que se sumaban a lo recibido en el mercado, a una retribución total de 2,57 millones de euros.
Por su parte, una planta de cogeneración de 25 MW con permiso desde 2008 y 2.680 horas anuales de funcionamiento cobrará 2,52 millones de euros al año, menos de los 2,7 millones que recibía antes solo en primas.
En energía fotovoltaica, 1 MW puesto en marcha en 2008 y 1.648 horas de funcionamiento, pasará de recibir 686.032 euros anuales de primas, adicionales al mercado, a un total de 636.698 euros.
Una central solar termoeléctrica de 50 MW con canales cilindro parabólicos, sin almacenamiento, puesta en marcha en 2012 y 2.040 horas de funcionamiento recibirá este año 23,98 millones en lugar de 25,45 millones más el mercado.
La eólica, la más perjudicada, con un 67% del recorte
Según anunció la Asociación Empresarial Eólica (AEE), el sector eólico se consideró el más perjudicado por la reforma energética, al tener que cargar con cerca del 67% del recorte al régimen especial realizado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
En una primera reacción tras conocerse la propuesta de estándares de renovables remitida por Industria a la CNMC, la asociación estimó que la reforma es “un expolio para el sector eólico”, que será “sin duda el más perjudicado por la nueva normativa”.
De hecho, la AEE calculó que el 37% de la potencia eólica instalada en España se quedará sin retribución, mientras que al resto se le reducirá un 50%.
De esta forma, cerca del 67% de lo que espera ahorrarse el Gobierno este año como consecuencia de la reducción “retroactiva” de incentivos al régimen especial recaerá sobre la eólica, que tan sólo percibe el 25% de las primas, señaló.
Para los eólicos, regular “en contra de la primera fuente de electricidad del país” supone “un error político histórico”. El Gobierno “recorta de golpe” el valor de las empresas del sector y las condena a una “inevitable depreciación de sus activos”, así como a “problemas de caja para hacer frente a los créditos y dificultades incluso para refinanciar los proyectos”.
“En cualquier país del mundo sería inadmisible que se pusiese en jaque el futuro de un sector que baja el precio del mercado eléctrico al evitar importaciones de combustibles fósiles, crea empleo y exporta tecnología, entre otros muchos beneficios para España y los españoles”, aseguró.
La AEE también consideró que la norma es “la más perniciosa que se ha dictado nunca en ningún país en contra del sector eólico, considerado un sector de futuro en todo el mundo”.
Los parques eólicos anteriores a 2005 dejarán de recibir ayudas
Las instalaciones eólicas que comenzaron a funcionar antes de 2005 dejarán de percibir subvenciones “por haber superado la rentabilidad razonable” en virtud de los nuevos parámetros propuestos por el Gobierno para retribuir a las renovables.
Según la memoria de la propuesta de orden sobre el nuevo marco retributivo para el régimen especial (renovables, cogeneración y residuos) remitida a la CNMC, estas instalaciones pasarán a ingresar únicamente el precio por vender la energía que producen en el mercado sin ningún tipo de subvención adicional o prima como sucedía hasta ahora.
A cierre de 2004, había en España 8.840 megavatios (MW) eólicos que, en principio, se verían afectados por este cambio y que suponen un 38,5% de toda la potencia instalada a finales de 2013 (22.959 MW, según datos de la Asociación Empresarial Eólica).
Los cogeneradores, “preocupados” por el cálculo de su retribución
Por su parte, la Asociación Española de la Cogeneración (Acogen) se mostró preocupada por la metodología utilizada por el Gobierno para calcular la nueva retribución de la cogeneración, que en su opinión podría no reflejar la realidad del sector.
La asociación todavía no pudo avanzar el impacto del cambio retributivo propuesto por el Gobierno debido a la diversidad de parámetros establecidos, según explicó el director general de Acogen, Javier Rodríguez.
Rodríguez expresó su “preocupación” por “si esta metodología comprendió bien cómo funciona la industria” cogeneradora, ya que ésta normalmente opera en régimen continuo (8.760 horas al año) pero los modelos propuestos por el Gobierno prevén unas 6.000 horas.
Así, el cálculo de costes propuesto para un determinado número de horas de funcionamiento podría no encajar con la realidad, que en la práctica supone operar todas las horas del año.
Asimismo, el director general de Acogen reconoció que el Gobierno contempló “muchísimos costes” del sector, aunque ahora se encuentra en proceso de comprobar si estos cálculos “son correctos o no”.
El recorte retributivo es especialmente complejo en el caso de la cogeneración, ya que afecta directamente al coste energético de las fábricas que tienen instalados este tipo de sistemas.ados y l...
EUROPEAN THINK TANK MOMENTUM 7 JAQUES EUROPA EN LA HORA DE LOS CIEGOS QUE NO QUIEREN VER. Le temps des aveux PAR JACQUES SAPIR · 8 MAI 2016
C’est le temps des aveux. Oh, pas celui des doux aveux que se font les amoureux, ni celui des aveux extorqués par la force et la souffrance ; non, simplement les aveux devant l’évidence de personnes qui se sont trompées, et qui ont trompé le public. Les aveux honteux de politiques aux abois dont les constructions sont en train de s’effondrer. Aveux européens Certains de ces aveux concernent l’Europe. Commençons donc par le plus beau ; il est le fait de M. Martin Schulz, président social-démocrate (SPD) du Parlement européen et il fut fait lors d‘une conférence sur l’Europe qui s’est tenue à Rome[1]. Que dit donc M. Schulz ? Que l’Europe «était une promesse faite tous les jours pour davantage d’emplois, de services, de croissance » mais qu’elle aboutit à « un sentiment d’injustice, ce n’est pas l’Europe qu’ils voulaient voir ». Il reconnaît que les sacrifices demandés aux européens l’ont été pour sauver les banques. Dont acte monsieur Schulz. Ajoutons que nous n’avions pas besoin de vous pour le savoir.
Ainsi en Grèce, sur l’ensemble de l’aide, seuls 9,7 milliards d’Euro sont allés au gouvernement grec, soit exactement 4,9%[2]. Or, la Doxa européenne, mais aussi française, fut que l’on avait largement aidé la Grèce. La vérité est que les contribuables des différents pays ont sauvé des investisseurs privés[3], des banques, essentiellement allemandes et françaises. Mais, quand on est un socialiste, on se devrait de lutter contre cet état des choses. Or, la vérité est que, comme les socialistes français, belges, espagnols et j’en passe (et non des meilleurs) vous avez été connivent à cette politique. Il est bien beau de pleurer sur le désastre que l’on a provoqué. On se rappelle que Guillaume II, empereur d‘Allemagne, devant les charniers de la premières guerre mondiale prononça un célèbre « je n’avais pas voulu cela »…Sauf que, ce qui caractérise l’homme (ou la femme) politique, et entendons nous bien l’homme politique véritable, ce n’est pas de verser des larmes mais d‘agir, et dans ce cas d’agir pour réparer le désastre commis.
Mais M. Tusk, le président (polonais) du conseil européen ne fut pas en reste. Il a déclaré, lors de la même conférence : « Le rêve d’un seul Etat européen, d’une seule nation européenne est une illusion. Nous devons accepter de vivre dans une Europe avec différentes monnaies, avec différentes forces politiques, et la pire chose est de prétendre de ne pas le savoir ». C’est reconnaître que la stratégie du « fédéralisme furtif » qui fut celle adoptée par l’UE est aujourd’hui un échec. Un échec parce que le but visé était une illusion, et c’est le Président du conseil européen qui le dit, mais aussi parce que la volonté d‘atteindre cette illusion, et ce fut là le rôle politique de l’Euro a détruit le projet européen. Mais on peut alors se poser une question : si Monsieur Tusk était honnête, il devrait soit convoquer une réunion au plus haut niveau pour que les pays de l’Union Economique et Monétaire (nom technique de la zone Euro) se mettent d‘accord sur les conditions d‘une dissolution de cette zone, ou alors il devrait démissionner.
Aveux français Mais, ces aveux ne sont pas les seuls. En France, le Président et le gouvernement reconnaissent, bien tardivement, que le TAFTA n’est pas ratifiable en l’état. Comme si nous l’ignorions ! C’est faire bon marché de plusieurs années de débats qui ont montré toute la nocivité de ce futur traité. Mais, là aussi, il y a beaucoup d‘hypocrisie. Car, ce que le gouvernement et le Président reprochent au TAFTA, c’est simplement que ce traité n’établisse pas l’égalité dans l’accès aux marchés publics. C’est important, bien sûr, mais ce n’est que peu de choses à côtés des conséquences potentielles de ce traité en matière de normes alimentaires ou environnementales, ou encore en matière de dessaisissement des Etats, et donc des citoyens dans les conflits portant sur l’investissement. Oui, il y a beaucoup d‘hypocrisie ici aussi.
Une hypocrisie qui n’est pas l’apanage des « socialistes ». Ainsi, Natacha Polony peut, à juste titre[4], dénoncer la réponse inadaptée, et somme toute minable qu’Alain Juppé à faite au Général Soubelet et qui lui a valu un article vengeur du Général Desportes[5]. Car, le cas du Général Soubelet est exemplaire. Le voici mis à la retraite d’office par le gouvernement pour avoir dit, lors d’une audition parlementaire, l’état déplorable de la gendarmerie et avoir mis en cause le fonctionnement de la justice. On peut ne pas partager tous les constats du Général Soubelet. Mais, devant des parlementaires, il devait dire ce qu’il pensait, quitte à ce que ces parlementaires interrogent d‘autres responsables, et ne tiennent pas compte de ces propos. La sanction qui le frappe est inacceptable, et constitue de la part du gouvernement une faute inexcusable. Mais, que Monsieur Juppé joigne sa voix aux loups est un aveu lourd de sens. Ainsi, cet ancien Ministre des Affaires Etrangères préfère le silence complice à la vérité qui fâche. Voilà ce qu’il faut dire à tous quand il viendra, peut-être, quémander nos suffrages.
El Equipo A de la abogacía: estos son los 33 abogados del Estado con negocios privados
Transparencia obliga a Justicia a hacer pública la lista de estos altos funcionarios que trabajan a la vez en lo público y lo privado. El Ministerio apenas controla si hay conflicto de intereses
Un grupo selecto y hasta ahora secreto de miembros de la Abogacía del Estado trabaja a la vez en lo público y en lo privado. Son 33 altos funcionarios -de los 323 en activo en el cuerpo- que tienen permiso para compatibilizar su tarea de defensa de la Administración con otros negocios. La mayoría ejercen de abogados, asesores o árbitros entre empresas, pero en la práctica apenas se fiscaliza su actividad para que no haya conflicto de intereses, según fuentes de la Abogacía. El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública para conocer la identidad de estas 33 personas. La Abogacía del Estado se negó a hacerla pública, pero El Confidencial recurrió y el Consejo de Transparencia ha fallado a favor de este diario. Aquí está el listado. Como en el Equipo A, “si tiene usted algún problema y si los encuentra, quizá pueda contratarlos”.
El pasado 18 de enero, el secretario del consejo de administración de Afinsa, Joaquín José Abajo Quintana, comparecía en el macrojuicio en la Audiencia Nacional por la presunta estafa de los sellos. Abajo fue durante años abogado del Estado en activo y a la vez secretario del consejo de Afinsa, el que vigila por la legalidad de sus actos. "Dada su amplia formación jurídica como abogado del Estado, los más relevantes temas de la compañía, aquellos que afectaban al núcleo del negocio de inversión, fueron sometidos a su consideración durante los años que estuvo en la compañía (1997-2006)", según la fiscalía.
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Allí, ante el interrogatorio del fiscal Luzón, un histórico en temas de corrupción, Abajo Quintana dio detalles sobre los abogados del Estado con compatibilidad difíciles de escuchar en público. Abajo Quintana admitió que no tenía contrato con Afinsa aunque, según el auto de procesamiento, recibió 230.455 euros entre 1998 y 2005 "en concepto de retribuciones o sobresueldos no declarados". "La relación entre Afinsa y yo siempre fue una relación verbal. Jamás se puso por escrito. Jamás fue laboral. Entre otras razones porque eso hubiera sido incompatible con mi función de abogado del Estado en activo", declaró Abajo Quintana en el juicio.
El Equipo A de la abogacía: estos son los 33 abogados del Estado con negocios privados
Allí señaló que jamás se ocupó de los temas fiscales, porque él en la Abogacía del Estado defendía a la Agencia Tributaria. "La asesoría fiscal dependió del señor Ballesteros, porque la tenía atribuida y por una razón de incompatibilidad personal. Antes yo era abogado del Estado en activo, y precisamente mi función como abogado del Estado era llevar pleitos de la Administración Tributaria, porque la sección quinta del Tribunal Superior de Justicia de Madrid lleva los recursos contra las decisiones de la Agencia Tributaria y de los tribunales económico administrativos, con lo cual evidentemente mi incompatibilidad en esos asuntos, tal y como yo la entiendo, es total". Pero inmediatamente añadió que cuando comenzó el caso puso en contacto a los abogados de Cuatrecasas, contratados por Afinsa, con la inspectora de Hacienda que llevaba el tema: "Ahí terminó mi intervención".
Luzón mostró un papel con el membrete de la Abogacía en el que aparecía documentación de Afinsa. Abajo señaló que resolvía su trabajo como funcionario para la Administración desde su despacho en Afinsa y, por tanto, no era extraño que se mezclase papel con membrete público entre la documentación de Afinsa.
Su relato ante el tribunal es de los más claros sobre este cuerpo con un pie en la Administración y otro en lo privado. Tras ser imputado, Abajo Quintana pidió el reingreso y volvió a la Abogacía del Estado en la Audiencia Nacional, la misma que lo investigaba. Abajo se incorporó a lo Contencioso, donde menos vistas hay y donde hay más abogados compatibles, y luego fue trasladado a otro tribunal. El secretario de Afinsa era abogado del Estado. No tenía contrato porque "hubiera sido incompatible"
En la Audiencia Nacional estuvo también de abogada del Estado Catalina Miñarro Brugarolas, que compatibilizaba su puesto con el de consejera de Mapfre. Después de que 'El País' publicase su nombramiento, pidió la excedencia. Antes de ella, Francisco Ruiz Risueño, ya jubilado, compaginó el cargo de abogado del Estado en ese mismo lugar con el de vicepresidente de Mapfre.
El cuerpo más prestigioso del Estado
Los abogados del Estado son quizás el cuerpo más prestigioso de la Administración pública. Tras una dura oposición, ingresan con un nivel 28 -el máximo es 30- en la función pública. Defienden al Estado en pleitos e informan sobre la elaboración de leyes, decretos y todo tipo de actos administrativos. Tienen mucho poder. Un informe negativo de la Abogacía del Estado disuade a muchos políticos de tomar decisiones.
Por todo ello, también son muy codiciados en el sector privado. Muchos piden la excedencia, situación en la que se encuentran actualmente 262 abogados del Estado -frente a 323 en activo-. Son muy apreciados por el Ibex por sus conocimientos jurídicos… y de la Administración y sus resortes. Forman una piña. Hay consenso en que dentro de la Administración hay pocos incentivos para progresar, que una vez sacada la exigente oposición hay poco margen para ascender, lo que lleva a muchos a pasarse al sector privado, donde multiplican su sueldo. Los que están en excedencia a menudo se enfrentan en pleitos y arbitrajes con compañeros en activo que se dejan las pestañas para defender lo público con muchos menos medios y sueldo. Los que siguen en la brecha en la Administración señalan en privado que sienten que a veces no se les valora y se les confunde con los que optan por el dinero. Otros pasan a la política. Soraya Sáenz de Santamaría, Dolores de Cospedal y Miguel Arias Cañete son abogados del Estado. Están en servicios especiales en puestos públicos, una categoría donde actualmente se encuadran 61 personas.
Y hay un tercer grupo, menos conocido y visto con cierto recelo incluso dentro del cuerpo: los que han conseguido la compatibilidad. Se trata de un puesto de libre designación en el que trabajan a la vez en sus negocios. A cambio, rebajan su nivel en la Administración a un nivel 24 y su sueldo a la mitad. Aun así, hay cola por estar ahí.
Autorización de compatibilidad.
El pasado 2 de noviembre, El Confidencial presentó una solicitud de acceso a la información pública ante el Ministerio de Justicia en la que se pedían las “autorizaciones de actividad privada de los abogados del Estado que se encuentran en régimen de compatibilidad o en excedencia voluntaria”. Un mes y medio más tarde, se recibía respuesta firmada por la abogada general del Estado, Marta Silva de Lapuerta, en la que no se contestaba a la solicitud planteada por El Confidencial.
La respuesta detallaba la situación profesional de los abogados del Estado (323 activos, 37 en régimen de compatibilidad, 260 en excedencia voluntaria y 61 en servicios especiales, en el Gobierno o cargos públicos) a 17 de diciembre de 2015 y la relación de nombres de los 323 abogados del Estado en activo. Esa lista se publicaba periódicamente en el BOE, pero desde marzo de 2012, nada más llegar el PP al poder, no se actualiza sin que Justicia haya explicado por qué no la ha vuelto a hacer pública.
La respuesta de la Abogacía a El Confidencial no incluía las compatibilidades ni las excedencias voluntarias. Justicia no quería hacer público el listado. El Confidencial reclamó ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y este estimó parcialmente la reclamación e instó a la Abogacía del Estado a facilitar las “resoluciones de compatibilidad (incluyendo nombre y apellidos del funcionario) que afecten a funcionarios del Cuerpo de Abogado del Estado” y la “identificación del listado de ex altos cargos que tengan concedida la compatibilidad para el ejercicio de actividad privada”.
En su resolución, el Consejo de Transparencia afea la publicación en el Portal de Transparencia de un listado con las compatibilidades de los funcionarios al “no cumplir con la literalidad de la norma”. “La Ley de Transparencia habla expresamente de que lo que se debe publicar son las resoluciones de compatibilidad”, lo que “implica que se conozca la identidad del beneficiario”, manifiesta Esther Arizmendi, presidenta del CTBG, al tiempo que afirma que “la sustitución del nombre del funcionario por sus iniciales no cumple el objetivo de salvaguardar su identidad”.
Finalmente, El Confidencial ha tenido acceso a las 33 resoluciones de compatibilidad originales de los abogados del Estado, firmadas todas ellas por el director de la Oficina de Conflictos de Intereses o, en su defecto, el jefe del departamento responsable de gestionar estas competencias. Tienen una autorización genérica para ejercer la abogacía siempre que no vayan contra el Estado
Los abogados del Estado reciben una compatibilidad genérica para ejercer la abogacía, sin entrar en detalles. La resolución señala que deben hacerlo en horario que no coincida con el de su puesto de funcionarios. Sin embargo, la realidad es que algunos trabajan en su despacho. Francisco García Gómez de Mercado es uno de ellos. Es socio fundador de Gómez de Mercado Abogados y abogado del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Especializado en expropiaciones, pasó al sector privado y cuando acabó el 'boom' de obra pública -y con él las expropiaciones- pidió el reingreso y obtuvo la compatibilidad. Ahora lleva casos de expropiaciones a favor del Estado pero según fuentes del cuerpo trabaja desde su despacho, donde ha defendido casos contra comunidades autónomas. No ha querido hablar para este reportaje.
No son el único cuerpo de altos funcionarios que pueden aspirar a la compatibilidad. Los letrados del Consejo de Estado y los letrados de Cortes también pueden trabajar a la vez asesorando a sus órganos y en despachos privados.
De la compatibilidad a la excedencia
En los abogados del Estado la compatibilidad se da con la condición de que no pleiteen contra la Abogacía del Estado. Nada les impide ir contra otras administraciones, comunidades autónomas o ayuntamientos. En la práctica, apenas se controla que su actividad no incurra en conflicto de intereses. Cuando llega a oídos de la Abogacía un posible problema, se le sugiere a esa persona que pase a la excedencia, según fuentes del cuerpo. Así evitan un contencioso de difícil pronóstico y un eventual escándalo. Es lo que, según fuentes de la Abogacía, le ocurrió a Juan Ramón García Notario, padre de la Ley de Puertos y que era abogado del Estado en activo cuando comenzó a asesorar a ACS como constructora del Puerto del Musel en su reclamación millonaria contra la Autoridad Portuaria -que formalmente no es Administración general del Estado-. Al poco pidió la excedencia. García Notario afirmó a El País que siempre cumplió la ley.
La abogada general del Estado, Marta Silva Lapuerta, ante el Constitucional. (EFE)
Así que cada uno pone sus propios límites. Emilio Jiménez Aparicio fue director general de la Abogacía a principios de la década de 1990 y ahora está destinado en lo laboral en el Tribunal Supremo y tiene la compatibilidad. Él ganó por ejemplo la sentencia del ERE de la empresa pública Tragsa. Contesta al teléfono desde su despacho en el Supremo en horario laboral. Tiene fama de serio y riguroso. "Tengo un concepto de la incompatibilidad absoluta. En mi despacho no llevo nada de laboral". Señala que él tampoco iría contra una autoridad portuaria. "En mi caso, no hay ni ha habido ningún conflicto de interés. No entro en juegos malabares ilícitos".
Jiménez Aparicio trabaja solo. En otros casos, los abogados del Estado compatibles comparten despacho y, aunque el abogado del Estado en activo no pleitee contra la Administración, sí lo puede hacer el compañero -o subordinado- de la puerta de al lado. Reciben una compatibilidad para ejercer la abogacía genérica y en algunos casos luego trabajan para empresas. Elsa María Andrés Sanchís, abogada del Estado en Valencia, es al mismo tiempo secretaria del consejo de administración de la inmobiliaria Libertas 7. Esa entidad recibió varios préstamos del Banco de Valencia que, a pesar de su impago, fueron refinanciados por esa entidad en contra de la normativa bancaria y causando un quebranto a esa entidad de 13 millones de euros antes de que tuviera que ser rescatada por el Estado, según la investigación penal que sigue el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz.
Elsa Andrés Sanchís, como secretaria del consejo de administración de Libertas 7, participada por Banco de Valencia, tenía encomendada la tarea de vigilar por la legalidad de las decisiones que tomara ese órgano directivo. El Confidencial trató de ponerse en contacto con ella por teléfono y mediante un correo electrónico enviado a su secretaria, pero no contestó a las preguntas de este diario. Se trataba de conocer si pudo advertir de la posible irregularidad de esas operaciones y de las consecuencias penales que pudieron acarrear.
Aunque las compatibilidades se siguen dando a discreción de la dirección de la Abogacía -la última es de marzo de 2016-, hay quien lleva en esa situación 28 años. Si busca contratar de forma legal a un abogado del Estado, con un pie en las tripas de la Administración, estos son sus hombres.
Los 33 abogados del Estado que trabajan en el sector público y el privado
